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Juez bloquea arrestos de ICE en cortes

Un juez federal del Distrito Norte de California emitió una decisión que anula varias políticas implementadas en 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR). Estas políticas ampliaban la capacidad de ICE para realizar arrestos civiles en las cortes de inmigración y permitían mantener a algunas personas detenidas por períodos más largos en centros de detención temporales.

¿Qué decidió el tribunal?

El juez concluyó que las agencias federales no justificaron adecuadamente los cambios en sus políticas, como exige la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act). Por esa razón, determinó que las nuevas normas eran “arbitrarias y caprichosas” y ordenó dejarlas sin efecto.

¿Qué políticas fueron anuladas?

La decisión deja sin efecto políticas que:

  • Ampliaban los arrestos civiles de inmigración en o cerca de las cortes de inmigración.
  • Eliminaban restricciones que anteriormente limitaban este tipo de arrestos a circunstancias excepcionales.
  • Permitían mantener a algunas personas detenidas por períodos prolongados en instalaciones temporales de ICE diseñadas para estancias de corta duración.

¿Por qué fue importante la decisión?

El tribunal señaló que las políticas anteriores buscaban proteger el acceso a la justicia, ya que el temor a ser arrestado al asistir a una audiencia podría desalentar a las personas de presentarse ante la corte. El juez indicó que el gobierno no explicó de manera suficiente por qué eliminó esas protecciones ni cómo evaluó el posible impacto sobre el sistema de inmigración y las personas afectadas.

¿Qué Implica esta Decisión?

Por el momento, la decisión restablece las reglas anteriores dentro del alcance de la orden judicial. Sin embargo, el gobierno aún puede apelar la decisión, por lo que el caso podría continuar en tribunales superiores.

Es importante recordar que este fallo no cambia las leyes de inmigración ni otorga un estatus migratorio. La decisión se limita a la legalidad de determinadas políticas administrativas relacionadas con los arrestos en las cortes de inmigración y las condiciones de detención temporal. Las personas con casos de inmigración deben continuar asistiendo a sus audiencias y consultar con un abogado o representante acreditado si tienen preguntas sobre cómo este fallo podría afectar su situación.

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