La desnaturalización es el proceso mediante el cual el gobierno federal busca revocar la ciudadanía estadounidense de una persona naturalizada. Tradicionalmente, este recurso se usaba en casos muy limitados, como criminales de guerra, cuando se descubría fraude o antecedentes criminales que no fueron revelados al momento de solicitar la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos años, el alcance de la desnaturalización se ha ampliado, influenciado por cambios políticos.

¿Cómo funciona el proceso de Desnaturalización?

El proceso normalmente comienza cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remite un caso al Departamento de Justicia (DOJ). A partir de allí, la Fiscalía decide si procede con la acción. Los casos pueden ser penales o civiles:

• Casos penales: tienen un límite de prescripción de diez años.
• Casos civiles: no tienen límite de tiempo y la persona no tiene derecho a un abogado designado por el gobierno.

Si ocurre la desnaturalización, la persona vuelve a su estatus migratorio anterior, lo que a menudo conlleva a procesos de remoción. Además, la desnaturalización también puede afectar a familiares que derivaron su ciudadanía de esa persona.

Desarrollos recientes

En el verano de 2025, el Departamento de Justicia emitió nuevas Prioridades de Aplicación de la División Civil, que establecen a quiénes se debe dar prioridad.

• En los procesos penales, el gobierno debe probar “más allá de toda duda razonable” que la ciudadanía se obtuvo de manera ilegal.
• En los procesos civiles, el estándar de prueba es más bajo, aunque sigue siendo exigente: “evidencia clara, convincente y sin lugar a dudas.”

Categorías de Prioridad para la Aplicación

El DOJ ha identificado varias categorías de personas que podrían ser objeto de desnaturalización, incluyendo a quienes:

• Representen una amenaza a la seguridad nacional (terrorismo o espionaje).
• Hayan cometido tortura, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos.
• Participen en crimen organizado, carteles de droga o pandillas transnacionales.
• Hayan cometido delitos graves no revelados durante la naturalización.
• Estén involucrados en trata de personas, delitos sexuales o crímenes violentos. 
• Hayan cometido fraude financiero o corrupción.
• Hayan obtenido la ciudadanía mediante fraude, declaraciones falsas o corrupción gubernamental.
• Tengan cargos criminales pendientes que el DOJ considere suficientemente relevantes para proceder.

El alcance de estas categorías es amplio e incluso permite incluir casos que no encajen perfectamente, pero sean remitidos a la División Civil.

Derechos de las Personas Naturalizadas

A pesar de estos riesgos, las personas naturalizadas mantienen los mismos derechos constitucionales que cualquier ciudadano estadounidense, incluyendo la protección contra la deportación, el derecho al voto y el acceso a beneficios federales y procesos de petición familiar. Es importante recalcar que los requisitos de elegibilidad para la naturalización no han cambiado: tener al menos 18 años, residencia permanente por 3 años, dominio del inglés, conocimiento de la historia y el gobierno de EE.UU., buen carácter moral y presencia física y residencia continua en el país.

Mantenerse Informado y Protegido

Las personas naturalizadas y sus familias deben mantenerse informadas sobre cambios de política, conocer sus derechos y buscar asesoría legal en caso de dudas. Aunque la desnaturalización es poco frecuente, la discrecionalidad del gobierno hace necesario estar vigilantes y bien preparados.

Para quienes desean naturalizarse, es importante recordar que la ley no ha cambiado: los requisitos de elegibilidad siguen siendo los mismos y solo el Congreso puede modificarlos. Se recomienda consultar con un representante legal de confianza antes de presentar la solicitud para garantizar un proceso seguro.