El día en que el presidente Biden asumió el cargo, prometió enviar un proyecto de ley al Congreso para crear un camino hacia el estatus legal para los inmigrantes indocumentados. Desafortunadamente, ese proyecto de ley,  the U.S. Citizenship Act, ha hecho poco progreso desde que se presentó en febrero. Ni siquiera la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley Dream and Promise Act and the Farm Workforce Modernization Act en marzo ha producido una solución legislativa. Afortunadamente, queda una manera posible de que el presidente Biden cumpla con una de sus mayores promesas: el proceso de reconciliación presupuestaria.

A diferencia del proceso legislativo normal, los proyectos de ley que pasan por el proceso de reconciliación no están sujetos al filibusterismo del Senado. Eso significa que un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria podría aprobarse con una mayoría de apenas 50 votos, con la Vicepresidenta Kamala Harris sirviendo como desempate.

Como resultado, los demócratas podrían crear un camino a la ciudadanía sin ningún apoyo republicano si unifican a los 50 senadores en su reunión electoral y una mayoría en la Cámara para aprobar un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria. Dada la oportunidad, el propio presidente Biden ha dicho que apoya este proceso de inmigración. Además, un senador clave del estado swing, Joe Manchin (D-WV) también ha señalado su apoyo a la inclusión de la inmigración en el proyecto de ley de reconciliación.

Sin embargo, la capacidad de los demócratas del Senado para crear un camino hacia la ciudadanía a través de la reconciliación no es una garantía. Para que una disposición de la ley pase a través de la conciliación presupuestaria, debe satisfacer la “Byrd Rule”. Esta regla dice que la conciliación no se puede utilizar para las disposiciones que son “ajenas” al presupuesto federal. En otras palabras, las disposiciones que no están relacionadas con el propósito básico de recaudar y gastar dinero no pueden pasarse a través de la reconciliación.

Afortunadamente, existe un precedente histórico para utilizar la reconciliación para aumentar la inmigración. En 2005, los republicanos del Senado aprobaron un proyecto de ley a través del proceso de reconciliación que habría aumentado en gran medida la inmigración basada en el empleo. Lo hicieron imponiendo una tarifa de  $500 en las peticiones de visa de inmigrante en esas categorías.

La imposición de nuevas tarifas en el proyecto de ley de reconciliación de 2005 permitió a los senadores expandir la inmigración a través de una forma que aprobó la “Byrd Rule”. También ofrece un plan de cómo los demócratas podrían crear un camino hacia la ciudadanía en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de 2021 a través de algún tipo de tarifa para recaudar ingresos en las solicitudes para obtener un estatus legal.

Normalmente, la decisión sobre si un proyecto de ley puede aprobar la “Byrd Rule” se toma en el Parlamentario del Senado, un abogado contratado por el Senado para decidir sobre asuntos de procedimiento del Senado. Sin embargo, incluso si el parlamentario decidiera que una disposición de inmigración no podría ser aprobada a través de un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, esa decisión teóricamente podría ser revocada por la Vicepresidenta Harris.

Dada la dificultad de crear un camino hacia la ciudadanía a través de los procedimientos normales del Senado, la reconciliación presupuestaria puede ser la única opción realista que le queda a los demócratas. Con DACA en el limbo después de una decisión judicial que afectó el programa hace solo unas semanas, la necesidad de un camino permanente hacia el estatus nunca ha sido mayor. Ahora es el momento.